
ISSN-e: 2697-3650
Período: septiembre-diciembre, 2025
Revista Minerva
Vol. 6, Número 18. (pp. 78-88)
datos, revisión de registros, análisis de malware, protocolos de comunicación, extracción de información
y análisis de redes sociales, consideradas fundamentales para la recopilación y validación de evidencias
digitales en el contexto de delitos administrativos.
Además, el 92,0 % de los participantes aceptó que la evidencia derivada de la auditoría forense
constituyó la base objetiva para la instrumentación de la prueba judicial empleada por Ąscales y jueces
en los casos de corrupción y fraude en el sector público. En consecuencia, los resultados demostraron la
incidencia notable de la auditoría forense como mecanismo de control, prevención y apoyo a la justicia
en el contexto institucional del Perú.
Se observó que el 93,0 % de los encuestados aceptó que cuanto más avanzadas y precisas sean
las técnicas forenses, mayores serán las evidencias disponibles y mejores las condiciones para instru-
mentalizar la prueba judicial en los casos de fraude cometidos por personal del sector público. Esta
percepción reĆejó la importancia de la calidad metodológica en el proceso de auditoría forense para sus-
tentar eĄcazmente la acción penal. Asimismo, el 94,0 % coincidió en que resulta necesario promover el
decrecimiento del delito de corrupción de funcionarios, debido a que este fenómeno atenta directamente
contra la administración pública y los Ąnes institucionales del Estado.
El 92,0 % de los participantes manifestó que las políticas para enfrentar la corrupción constituyen
los lineamientos fundamentales de la lucha contra este Ćagelo, mientras que el mismo porcentaje re-
conoció que las estrategias anticorrupción deben entenderse como el conjunto de acciones operativas
que permiten combatir de forma frontal los actos ilícitos en la función pública. Por su parte, el 91,0 %
de los encuestados señaló que las estrategias de prevención del delito resultan esenciales para eliminar
la criminalidad antes de su ocurrencia, mediante la implementación de medidas destinadas a reducir
los riesgos y vulnerabilidades dentro de las instituciones estatales. En esa misma línea, otro 91,0 %
aĄrmó que dichas estrategias deb en acompañarse de acciones concretas y sostenidas, ajustadas a la
naturaleza de cada entidad, con el Ąn de evitar los delitos que eventualmente pudieran ser cometidos
por el p ersonal público.
El 93,0 % reconoció que los delitos cometidos por funcionarios públicos en América Latina incluyen
conductas como el abuso de poder, la corrupción, la malversación de fondos y otras infracciones tipi-
Ącadas por el Código Penal. A su vez, el 92,0 % consideró que se conĄgura el delito de corrupción de
funcionarios cuando un servidor público, de manera directa o a través de terceros, utiliza su posición
para obtener beneĄcios indebidos, afectando con ello la gestión y los recursos del Estado.
En relación con las políticas institucionales, el 92,0 % de los participantes sostuvo que la lucha
frontal contra el delito constituye una política esencial del Estado orientada a erradicar un fenómeno
que afecta gravemente la gobernabilidad y la conĄanza ciudadana. Del mismo modo, otro 92,0 % aĄrmó
que resulta indispensable mantener una lucha integral, coordinada y permanente contra la corrupción,
a Ąn de evitar la impunidad y fortalecer los mecanismos judiciales de sanción.
El 94,0 % de los encuestados coincidió en que la penalización del delito representa un derecho
legítimo del Estado, derivado de la relación jurídica entre este y el infractor, mediante la cual el primero
tiene la facultad de imponer una pena y el segundo la obligación de cumplirla. Complementariamente, el
93,0 % reconoció que el Código Penal peruano establece penas especíĄcas para los delitos de abuso de
autoridad, cobro indebido, cohecho, colusión, concusión, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos,
negociación incompatible, nom bramiento ilegal, peculado, patro cinio ilegal y tráĄco de inĆuencias, todos
ellos asociados a conductas que afectan gravemente la ética y la eĄciencia en el sector público.
Estos resultados conĄrmaron la alta incidencia de las políticas, estrategias y mecanismos forenses en
la prevención, detección y penalización de los actos de corrupción, reforzando la necesidad de fortalecer
la gestión públic a desde un enfoque ético, técnico y judicial en el contexto peruano y latinoamericano.
A. Contrastación de la hipótesis general
Los resultados del análisis de correlación de Spearman (Tabla
2) evidenciaron una asociación posi-
tiva y altamente signiĄcativa entre la auditoría forense y la reducción de la corrupción de funcionarios.
Este hallazgo conĄrmó la existencia de una relación directa de alta intensidad entre ambas variables,
lo que implica que el fortalecimiento y la aplicación sistemática de procesos de auditoría forense se
asocian con un mayor decrecimiento de los actos de corrupción en el sector público. El nivel de sig-
niĄcancia estadística obtenido (p < 0,05) permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis
Monrroy J. et al. Incidencia de la auditoría forense en la disminución de la corrupción de funcionarios públicos
de America Latina
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